LEGITIMACIÓN DEMOCRÁTICA
 
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Llega un burro, hace un desmán, perjudica a la tira de la gente; se lo echan en cara y, al instante, surge el canto adulón y justificador de los trepas de turno: es que nuestro borrico está legitimado por las urnas. Sigue el mismo burro de antes, hace otro más gordo todavía, perjudica a más gente, se lo vuelven a echar en cara y, al instante, el mismo coreo agallinado y protector de antes: es que nuestro borrico está legitimado por las urnas.

Bueno, pues, puede que no lo esté. Si me apuran, diré que, en la España actual, no lo está.

Legitimado por las urnas significa mucho más que el que se haya obtenido una mayoría suficiente o, incluso, mayoritaria. Legitimado, por supuesto, tiene que ver con la cantidad de votos conseguidos en las urnas; pero su significado está más bien relacionado con el hecho de que en el proceso entero de votación se hayan adoptado y aplicado medios legítimos.

Así, no está legitimado quien amaña las urnas, caso de países en los que impera la dictadura bananera. En éstos es costumbre aceptada, común y corriente hacer votar a los muertos, repetir votos, llenar urnas con votos falsos, destruir urnas del presunto antagonista, y otras trapacerías similares; a partir de ahí todos los esfuerzos del Banano van encaminados a convencer, tanto a la fauna autóctona como a la foránea, de que lo que ven negro es, en realidad, blanco; claro está: entonces es cuando se dejan de utilizar los pocos tapujos, si alguno había, se abre la veda y ya sólo impera el derecho del más fuerte. La consecuencia primera es que el país en cuestión sufre en las carnes de sus ciudadanos de a pie las tropelías del Banano de turno.

Sin embargo, en otros países en los que se presume que está instaurada una verdadera democracia, también se dan con mayor o menor descaro otros sistemas que deslegitiman sus resultados: no es legítima la compra de votos, no es legítimo el voto cautivo, no es legítima cualquier artimaña que vaya en contra del carácter libre y objetivo del voto. Libre, es decir, no sujeto a acción alguna que coarte la dirección de los intereses subjetivos de cada individuo; objetivo, o sea, no influido por intereses ficticios contrarios a la verdad y sometidos a las finalidades de otra persona.

Aquí es donde entran en la cuestión los medios de comunicación y su dominio como sistemas para influir en los ciudadanos; no son libres ni mucho menos; unos medios están al servicio de determinados grupos o fuerzas políticas, otros son meros mercenarios dispuestos a venderse al mejor postor, otros están al servicio del poder establecido a cambio de pagos en especie o servicios, otros dependen de entidades extranjeras cuyos fines están bien diferenciados, incluso opuestos, a los del país. De su ética y moral hay mucho que decir pues, como tendencia general, anteponen los intereses particularistas a los comunales. Ahora bien, de la importancia de su influencia no cabe dudar; aunque la libertad de prensa, normalmente, significa que sólo los poderosos tienen acceso a hacer uso de ella,
monopolizándola y sirviéndose de ella para alcanzar objetivos privados y particularistas, con harta frecuencia bien alejados de los comunes a la nación.

 

Decía un ilustre profesor (que, dicho sea de paso, dejó bien encarrilado a su nepotito, como es costumbre entre ellos) que las promesas electorales están hechas para no cumplirlas. Parece mentira que todo un señor profesor de universidad haya defendido sandez semejante, maldad tan ostensiblemente perversa; máxime, que se haya atrevido a propugnarla desde su situación de preeminencia coyuntural; claro que, sabiendo lo que hay hoy día por nuestras universidades, tampoco es para echarse las manos a la cabeza. Lo verdaderamente cierto es: va en nuestro bien comunal olvidarnos cuanto antes de máxima tan poco íntegra y maligna. Y, de paso, del pajarito que la graznó; por mucho que fuese la estrella de los felices años 80 madrileños: Hítler fue la estrella de los felicísimos 30 alemanes y tampoco fue ningún orgullo ni anciano prodigio para el pueblo alemán, ni por su existencia ni por sus teorías y fechorías.

Muy al contrario de cómo lo enunció tal profesor, las promesas electorales están hechas para que se cumplan. O, llegando al límite, deberían estar hechas para ser cumplidas. Y el político que no las cumpla, debería tener la moral suficiente, el orgullo necesario, y el altruismo preciso para, al menos, dar a la ciudadanía una explicación razonable. Para dimitir si es que no la tiene. Claro está que en un país cuya clase política desconoce, o simula y quiere desconocer, que tal alternativa existe, a ésta de dimitir me refiero, tal comportamiento es impensable.

 

Gran parte de lo hasta aquí dicho es mera utopía: ¿qué político va a obrar de tal manera?, ¿un loco?, ¿una persona íntegra? “¡No —exclamarían los ciudadanos que lo pensaran—, indudablemente, un sandío que no se merece mi voto. Por tonto, claro”. Con lo cual el asunto trasciende el nivel más o menos personalizado y puntual, y se eleva a lo lamentable de lo generalizado. Es realmente triste que hasta la misma sugerencia actualmente se interpreta como un despropósito; cuando lo deseable y razonable para el bien común sería su práctica y aceptación extendida por la amplia mayoría del país.

Pues bien, todo esto viene porque cada vez con mayor frecuencia se recurre a esta justificación para intentar dar carácter legítimo a los errores de quienes gobiernan. No es que ellos no estén libres de equivocación; están expuestos al error lo mismo que los demás mortales; si es cierto que ellos deberían errar menos que lo normal en el común de éstos, ya que tienen asesores, consejeros, etc., con los que consultar sus decisiones. Aún así, se equivocan: la Historia parece ser una relación cronológica y detallada de la estupidez humana; cualquiera puede consultarla y espero que quedará más que satisfecho de la veracidad de este convencimiento personal.

Lo que no es ciertamente admisible es que, despreciando el asesoramiento de quienes tienen el deber de dárselo, pues para eso han sido puestos y por ello cobran, algunos líderes se emperren en seguir su criterio propio, diferente del de los expertos, con lo que llevan al país a situaciones no deseables. Pasa el tiempo, el país en concreto cae en la cuenta de su error colectivo e inducido, y ya sólo piensa en volver página y olvidar el tropezón cuanto antes mejor. Y el escarmiento también. Olvidarlo, digo.

Sin embargo, las consecuencias están ahí; por muchos que los individuos hagan por olvidarlas su realidad se lo impide, se impone y les hace ser los principales perjudicados por un despropósito o incompetencia que no es suya. En cierto modo es como aceptar que todos vayamos al precipicio sólo porque al iluminado que nos guía se le ha metido entre ceja y ceja que él es más infalible que el Papa. Que, por otra parte, ya se sabe cuantas veces han metido la pata. El mismo Galileo puede dar fe de ello. O Lutero, que para el caso es lo mismo.

Llegados a este punto cabe preguntarse, ¿no sería deseable y bueno que el país adecuase los medios pertinentes para evitar tales descalabros? Descalabros que pueden ser tan dolorosos como el de España en el siglo pasado: llevada de la mano de los Mola, Azaña, Franco, Largo Caballero, Sanjurjo, Prieto y demás comparsas inútiles y egocéntricos a una guerra civil en la que perdieron la vida más de un millón de españolitos de a pie y uno o dos politiquillos de los anteriormente mencionados. Además, no sé como se las apañan los muy jodidos, pero casi siempre se libran de las faltas y dolores de los partos tras haber sido los padrinos y novios en las glorias y festejos de las bodas. Causa de tanta pesadumbre con harta frecuencia.

Desde luego, una cosa parece habernos enseñado la experiencia y el escarmiento: el poder no emana de la divinidad de turno; es una confianza que deposita una ciudadanía en unas manos que se presentan como limpias pero que, el que más o el que menos, presume que lo están tanto como las de un carbonero después de la faena. Todo aquello que en tiempos de Franco nos inspiraba la Iglesia, aquello de “Caudillo de España por la gracia de Dios”, no ha superado las atenciones que les ha dispensado la muerte de tan invicto Caudillo; caudillito de mente cuadriculadita, voz de pito, imbuido en la seguridad del origen divino de su función, y alienado a cualquier tipo de amor altruista. Hoy todo su rollo nos suena a trola de bus y cachondeo miserere: si Dios se hubiese preocupado lo más mínimo de lo que estaba sucediendo en España durante aquellos tres más treinta y cinco años, es incomprensible que no le hubiera hecho por lo menos el agarejo a algunos de sus más destacados representantes; el primero a Paquito, si es que se la encontraba.

Si ampliamos nuestras miras y nos ponemos a considerar la situación mundial y el comportamiento de las partes sufridoras, no podemos por menos de reconocer que fue todo lo humano que se desee pero, de intervención divina, poco. O más bien nada. Hay ejemplos a mantas de seres iluminados que llevaron al mundo al borde de un abismo, en el que aún estamos, ante la mirada, presunta, de un ser superior que veía impasible como millones de sus favoritos, igualmente presuntos, eran exterminados sin dignarse mover ni un pelo de su augusta barba; la misma, barba, digo, que se erizaba en ira justa y santa por un quítame allá esas pajas, según relata en el Antiguo Testamento la Sagrada Biblia. Los mismos, ojos, digo, que en esta actualidad contemplan, con inacción similar, la era atómica en manos de un personaje de edad media con barbas y turbante. Infiel, encima. Lo cual convierte en sumamente amenazada la existencia vital de muchos de los ojitos asombrados que se siguen abriendo a diario a la maravilla de la vida.

En mi criterio, los políticos no tienen que responder ante un dios que me los ha enchufado para que alcancen el lugar de poder en el que se han colocado ellos por situaciones coyunturales de lo más diversas; en muchas ocasiones propiciadas por ellos mismos. Además, la misma existencia de tal ser supremo a nuestra imagen y semejanza pero por completo distinto a nosotros (o algo así) no es segura ni mucho menos; más bien, todo lo contrario.

Entonces, si no es a un ser superior o dios, ¿a quiénes han de rendir cuentas ellos, los políticos?

Perdón, pero si vuelvo a oír que rendirán cuentas a la Historia, de verdad que me la machaco con una piedra del doce (que en el sistema métrico decimal europeo equivale a una piedra de doce kilogramos con 166 céntimos). A la Historia se la trae floja lo que hagamos nosotros; en realidad, la tal Historia no es sino una invención humana a la que acuden frecuentemente los políticos como sistema de valoración variable. Pura invención humana; y, como todo lo que producimos, imperfecta, cambiante y perecedera.

Por poner un ejemplo: la estimativa histórica de Franco, tratado de modo tan diferente por la Historia, me-se-importa (que dicen en mi pueblo, que es Almería); la posibilidad de Franco achicharrándose en el fuego eterno en este mismo instante y un demonio azascandilado y mariposón, tipo Zapatero, azuzándole con un tenedorcito para que arda mejor, no me motiva. En cambio, sí que me subleva ver que las riquezas, adquiridas de manera inmoral, las están disfrutando sus descendientes. En lugar de retornarlas a la ciudadanía. Pero, en fin, ya te digo: la imperfección de la naturaleza humana y eso, ya sabes. Lo mismo está el caso Tal y Tal y nada, nada. Humano todo

 

Levantarse en un acto revolucionario para resolver el problema de la salvación del sistema instituido (o la Patria, como se decía antes) se ha demostrado como poco afortunado; en la mayor parte de las ocasiones sólo ha dado lugar a la toma del poder por un espabilado que se aprovecha de que el río anda revuelto; antes de que se den cuenta, o después, que es lo mismo, todo ello ha dado en el devenir de una dictadura o del absolutismo. Y para este viaje no se necesitan alforjas; menos aún si es que las alforjas se vienen llenas de odios, rencillas, venganzas, robos, asesinatos, ajustes de cuentas y toda esa clase de tropelías que como buitres están en el fondo del ser humano esperando a aflorar.

Llegado a este punto, la única solución parece ser el perfeccionamiento del sistema de gobierno en el que es el pueblo el que encomienda y confía en una persona su gobierno, es decir, estudiar el sistema democrático con el objeto de mejorarlo. Similar a la dictadura en el hecho de ser sólo una persona la que recibe el poder ejecutivo. Diferente a aquélla en que esta persona encuentra sus actos fiscalizados por un poder judicial independiente al que se encuentra sometida. Diferente, también, porque esta persona encuentra su poder limitado por la confección de las leyes a las que han de someterse todos los ciudadanos del tal país.

Él, el primero.

No es de recibo que las leyes que rigen un país se cambien al antojo de un individuo accidentalmente en el gobierno por intereses más o menos partidistas; en muchas ocasiones, sin haber tenido tiempo para confirmar su posible bondad o, por el contrario, poca idoneidad para el bien comunal. Tampoco lo es que se impongan unas nuevas que el cambio de legislatura determina son las deseables.

Las leyes esenciales han de ser válidamente inalterables por su idoneidad, recogidas en una norma, guía o constitución. Entre ellas, descollando, la educación de la ciudadanía tanto en valores científicos como de convivencia; y el primero de ellos debería ser el conocimiento y práctica del amor altruista (descrito en otro lugar de este mismo sitio web). Estas leyes han de desmenuzarse hasta un extremo que convierta en tarea imposible que cualquier gobernante de turno las moldee, doblegue y nos haga comulgar con ruedas de molino; y, por favor, que no nos arguya que la legitimación para ello se la han dado las urnas: en la España actual, no, por favor, porque no es cierto.

 

En el actual sistema español el ejecutivo se ve asaltado, coaccionado, chantajeado por fuerzas minoritarias, grupúsculos de charlatanes que prosperan a partir de un sistema que se lo consiente. ¿Por qué, siendo Cataluña una región de España, ve como se prohíbe la enseñanza del idioma español? Y otro tanto sucede en las Vascongadas.

La respuesta es bien sencilla: porque los sucesivos gobiernos se han visto forzados a moldear la constitución hasta extremos inimaginables para quienes la redactaron. Y la cosa no va a acabar aquí: con cada paso que se da con el actual sistema más nos vamos alejando de la convivencia pacífica y acercándonos a un periferismo que sólo tiene como límite la independencia de estas regiones.

La mediocridad de los jefes de gobierno de la actual democracia, desde Felipe hasta Zapatero, ha sido incapaz de formalizar pactos de gobierno y atenerse a ellos en asuntos que afectan a la constitución; salvo en una rara excepción (por ahora, que todo se andará). El hecho de que se dan situaciones que, por mucho que diga el tribunal constitucional, el sentido común juzga como de risa, no hace sino validar este criterio.

 

Una reforma constitucional debería comprender:

1) la formación de un grupo de expertos para realizarla;

2) un proceso de elección de los componentes de dicho grupo con criterios a consensuar entre las fuerzas vivas, teniendo en cuenta que los sindicatos ya están representados en los partidos de izquierdas;

3) establecimiento claro de la independencia del poder legislativo ante cualquier injerencia política;

4) id. del poder judicial;

5) estudio pormenorizado de los artículos que han de ser objeto de nueva redacción, más clara y restrictiva. al objeto de que no sean tan diversa como fácilmente interpretables;

6) los artículos básicos para la conservación de nuestra convivencia pacífica (entre ellos la unidad nacional, educación, sanidad, pensiones, y los que se estimen como tales) serán establecidos de forma clara y fijarán el pacto de estado a que han de atenerse las principales fuerzas políticas para su defensa (ya han demostrado no ser capaces de establecerlo ellas).


No estaría de más que se formase un tribunal básicamente apolítico que se encargase de revisar la interpretación de los artículos constitucionales pero que NO se encuentre bajo el control de los partidos políticos.

En realidad es la apetencia al control por parte de los partidos el problema de fondo en la mayoría de las actividades democráticas; y, la verdad, la democracia debe velar por la salvaguarda de su independencia en los campos judicial y legislativo. En este sentido, los partidos deberían utilizar las leyes constitucionales como marcos en los que moverse, no como materia de chalaneo para perpetuarse en el poder.

En cuanto a la independencia del poder legislativo nos viene dada por la penosa experiencia de la actual constitución; en ésta, los partidos políticos han dado pruebas aberrantes y vergonzosas de cómo elaborar un conjunto de leyes a su medida y para uso propio. Con echar un vistazo a “La Casta”, de Daniel Montero (ed. La esfera de los libros, Madrid, 2009), encontrarán más de una razón de lo que aquí he expuesto.